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EUA creía que procuradora de derechos humanos manipuló caso de sindicalista asesinado

Rodrigo Baires Quezada

Publicado el 3 de Octubre de 2011

La sede diplomática creía que Beatrice de Carrillo y la PDDH manipularon pruebas e intentaron comprar testigos durante la investigación del homicidio de Gilberto Soto, sindicalista estadounidense-salvadoreño asesinado en 2004.


La embajada de Estados Unidos no confiaba en la actuación de Beatrice Alamani de Carrillo ni en el personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el caso del asesinato del "teamster" Gilberto Soto. Según la información que manejaba la sede diplomática, la PDDH intentó manipular las pruebas y comprar testigos para desvirtuar la investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General (FGR).

Gilberto Soto, representante en Nueva Jersey de la Hermandad Internacional de Camioneros (International Brotherhood of Teamsters, IBT, siglas en inglés), fue asesinado el 5 de noviembre de 2004 en Usulután cuando salía de la casa de su suegra.

Desde un inicio, las investigaciones alrededor del homicidio de Soto acarrearon un tira y encoge entre la FGR, la PNC y la PDDH. Para la FGR, Rosa Elba Zelaya de Ortiz, la suegra del sindicalista, contrató a un grupo de pandilleros para asesinar a Soto, en venganza por el maltrato intrafamiliar del que supuestamente era víctima su hija. El homicidio, además, le permitiría cobrar el seguro de vida del sindicalista.

Pero la PDDH acusó al ministerio público y a la PNC de no investigar los posibles móviles políticos del crimen, vinculado al trabajo sindical de la víctima, y de obtener declaraciones extrajudiciales mediante tortura para basar su caso. En el primer punto, la Procuraduría contó con el apoyo de los Teamsters, quienes llegaron a ofrecer una recompensa de 75 mil dólares por información que permitiera la captura de los homicidas.

A la luz de los cables de la embajada, el gobierno de Estadoss Unidos dio crédito a la hipótesis de la FGR y restó toda credibilidad a las acusaciones de Carrillo.

La relación entre la Procuraduría y la embajada era “cordial”, aunque en ocasiones, más cuando se trataba del accionar de la PNC,  mantenían “perspectivas diferentes”. Aún así, como lo dice el cable 109934, la PDDH era vista como “una fuente clave para mantenerse informado de los avances en materia de derechos humanos”. 

El caso de Soto, según se relata en el cable 40539, fechado el 13 de septiembre de 2005, puso en tela de juicio el accionar de la PDDH. Según el memorando, personal de la Procuraduría hizo “acusaciones infundadas” e intentó “suprimir evidencia que no apoyaba la teoría favorita de la PDDH, que apuntaba que la muerte de Soto fue una ‘ejecución extrajudicial’ por motivos políticos”.

Más allá, la sede diplomática da cuenta en el cable de que “surgieron acusaciones creíbles de intentos de manipulación de testigos por agentes de la PDDH, quienes presuntamente trataron de sobornar a los testigos claves en el caso con pagos en efectivo, oportunidades de empleo y beneficios de inmigración si cometían perjurio en apoyo a la agenda de la PDDH”.

Otro cable, el número 114111, relata que “Carrillo afirmó que las confesiones de los sospechosos habían sido obtenidas a través de tortura, aunque los exámenes médicos independiente mostraron rápidamente que estas acusaciones eran falsas”.

Las comunicaciones de la sede diplomática daban cuenta de las malas referencias sobre el trabajo de la procuradora que tenía la embajada. Por eso hizo eco de las acusaciones hechas por El Diario de Hoy hacia la funcionaria, a quien se acusaba de malversar 26 mil dólares provenientes de fondos públicos. A la funcionaria se le acusaba de tener asignados seis vehículos para su uso personal, con un subsidio de combustible de 2 mil 800 dólares cada uno; el pago de seguros para automóviles fuera de servicio; y el autorizar la cancelación de horas extras que no habían sido laboradas. “Además, el 17 de diciembre de 2004, la oficina de Carrillo pagó 5 mil 500 dólares para publicar un folleto que sigue sin imprimirse nueve meses después”, dice uno de los cables.
 
Según el mismo documento, “los cargos representan el último escándalo en una larga lista de irregularidades en la PDDH durante el mandato de Beatrice de Carrillo”, cuyo liderazgo era descrito como “inepto” y su paso por la institución como “una historia llena de excentricidades”. La comunicación resume otras acusaciones hechas por Carrillo que, a juicio de la embajada, eran parte de su “comportamiento errático” al frente de la procuraduría: acusaciones contra la PNC, tachar de “alarmistas” las medidas de seguridad dispuestas frente a la emergencia por el huracán Adrián y tachar de “nefasta amenaza a la soberanía nacional” la instalación de la ILEA en El Salvador.

Sobre el caso Soto, la FGR no pudo probar su hipótesis ante el juzgado de sentencia de Usulután en 2006, cuando Zelaya de Ortiz fue absuelta de los cargos. Inmediatamente, el ministerio público puso un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Tres años después, el 18 de agosto de 2009, la Sala ordenó la realización de un nuevo proceso a las dos personas absueltas inicialmente durante el juicio de 2006. La medida era una victoria para el ministerio público. Por un lado, la sala dejó en firme la sentencia contra Herberth Joel Ramírez Gómez, el único condenado en el primer juicio realizado. Del otro, abría la posibilidad de procesar nuevamente a Zelaya de Ortiz y Santos Sánchez Ayala, acusado de ser operativo en el asesinato de Soto y quien supuestamente había aceptado su participación tras ser torturado por las autoridades salvadoreñas.

En todo caso, las hipótesis de la FGR de nuevo no tuvieron suficiente fuerza ante los juzgados. Rosa Elba Zelaya de Ortiz se presentó voluntariamente al juicio y el 2 de diciembre de 2009 fue absuelta por el juzgado de sentencia de San Francisco Gotera, Morazán. Sobre los indicios de intentos de manipulación desde la PDDH relatados en el cable, por lo menos públicamente, no se siguió ninguna investigación. Para los Teamsters, el caso de Soto sigue abierto.

En todo caso, la opinión que tenía la embajada sobre Carrillo no cambió hasta su salida de la PDDH. “El reemplazo de Carrillo por (Óscar Humberto) Luna, un jurista de centroizquierda respetado, devuelve la credibilidad de la PDDH y es un buen presagio para la continua consolidación de las instituciones democráticas de la nación”, analizaba el embajador Charles Glazer, en el cable 114111.

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