EUA quería que El Salvador recibiera a presos de Guantánamo

La primera solicitud fue hecha en 2005, cuando las autoridades estadounidenses buscaban dónde reasentar a cinco de los 22 chinos detenidos. Desde 2004, la administración Bush había dado el aval para la liberación del grupo de uigures tras determinar que no representaban una "amenaza terrorista" para Estados Unidos.

Lo que parecía ser el final de una historia de equivocaciones terminó siendo el inicio de una romería de batallas en cortes estadounidenses y solicitudes de "apoyo internacional" que llevó a la embajada de Washington en El Salvador a tocar las puertas de la administración y las de cerca de otros 100 países más, como Alemania, Francia, Colombia y Panamá. Los chinos que resultaron inocentes fueron capturados en Paquistán por cazarrecompensas que cobraban 5 mil dólares por sospechoso entregado a Estados Unidos. Fueron recluidos dos semanas en la cárcel militar de Kandahar y mantenidos cuatro años en confinamiento y bajo interrogatorio en la base de Guantánamo. 

Sin representar una amenaza, la ley estadounidense obligaba a liberar a los detenidos en su país de origen: la República Popular China, donde su gobierno creía, con base en su detención en Guantánamo, que los uigures eran parte de un movimiento guerrillero separatista musulmán y solicitaba su deportación para ser encarcelados. En ese punto, la misma ley estadounidense prohíbe a su gobierno entregar a un detenido a un país donde vea amenazada su integridad física o moral. Entonces, las únicas dos salidas que tenía la administración Bush eran liberar al grupo dentro de su propio país, con las posibles repercusiones internacionales con el gobierno de Pekín, o que otra nación aceptara su reasentamiento.

Para eso, se necesitaba un país aliado y el gobierno de Estados Unidos vio hacia El Salvador, una nación sin relaciones con China y miembro del pequeño grupo que reconocía al gobierno de Taiwán. A ello se sumaba que el apoyo del gobierno de Saca daba a las operaciones en Iraq. "El gobierno de El Salvador ha declarado públicamente su firme apoyo a la guerra contra el terrorismo y a la estela de los ataques terroristas del 9/11 en los Estados Unidos", relata el cable 49428, que contiene un informe de seguridad de El Salvador. "Como acotación al margen, el gobierno de El Salvador es el único país del hemisferio con tropas en Iraq apoyando a la coalición. Cerca de 400 soldados salvadoreños han estado en Iraq (en rotaciones cada seis meses) desde julio de 2003.

A ello se sumaba que, según relata el cable 38305, El Salvador también respetaba la determinación estadounidense de encarcelar prisioneros de guerra en su base militar en Guantánamo. Mario Rivera, oficial a cargo de Asuntos Multilaterales del ministerio de Relaciones Exteriores, dijo el 9 de julio de 2005 a un oficial político de la embajada que "El Salvador entiende la necesidad y respeta el derecho de los Estados Unidos para mantener detenidas a personas en Guantánamo". Más allá, el funcionario aseguró que el gobierno salvadoreño confiaba en que las autoridades estadounidenses "podrían llevar a cabo las detenciones según el derecho internacional y con el respeto a los derechos humanos".

Para el 23 de septiembre de 2005, "después de repetidos intentos de la embajada con los diferentes niveles del ministerio de Relaciones Exteriores", relata el cable número 41270 firmado por Michael Buttler, el gobierno giró una respuesta oficial a la petición con un "en este momento, no será posible para ayudar con la solicitud". De todas formas, Estados Unidos resolvió parte de su problema enviando cinco de los 22 uigures hacia Albania.

Si bien los cables no reseñan las razones de la negativa salvadoreña, para entonces el gobierno de Antonio Saca estaba muy preocupado por las repercusiones que pudiera tener en las elecciones de marzo de 2006 su apoyo al envío de tropas a Iraq y al derecho de Estados Unidos a detener "sospechosos de actos terroristas" en la base militar en Cuba.

El 13 de febrero de 2006, cuando aumentaban las críticas internacionales a las condiciones físicas y jurídicas en las que estaban detenidos los presos en Guantánamo, El Salvador dio otro espaldarazo a la acción estadounidense y puso en dudas las críticas. Tras conocerse el informe del relator especial de la ONU, Rivera dijo que le resultaba preocupante que los relatores de la ONU "no habían aceptado la invitación del Gobierno de los Estados Unidos para ver de primera mano la situación en Guantánamo y cuestionó abiertamente cuál era la fuente de la información" a la que tuvieron acceso.

El gobierno estadounidense hizo una nueva petición el 12 de julio de 2007. Entonces, el embajador Charles Glazer solicitó al canciller Eduardo Cálix "asistir en el reasentamiento de chinos uigures actualmente detenidos en Guantánamo". Ese mismo día, el subjefe de la misión diplomática hizo la misma petición al director de política exterior de la Cancillería salvadoreña, Guillermo Meléndez, el tercer hombre en el organigrama de Relaciones Exteriores.

A la luz del cable número 117187, firmado por Glazer y enviado a las oficinas de Clint Williamson y James Benson, en Estados Unidos, el 30 de julio, no tuvo mucho eco. "El DCM se reunió con Cálix y Meléndez el 17 de julio para discutir más detalles. Durante este encuentro, Cálix dijo que transmitiría la petición estadounidense a otras autoridades salvadoreñas pero añadió que dudaba de que El Salvador pudiera aceptar el reasentamiento de alguno de los uigures detenidos en Guantánamo".

Tuvieron que pasar dos años más para que Estados Unidos resolviera su entuerto legal con los 17 detenidos uigures que se mantenían en la base militar. Ya bajo la administración de Barack Obama y próximo al cierre de la cárcel en Guantánamo, Bermuda aceptó reasentar a cuatro de ellos; al resto les ofrecieron viajar a una isla del archipiélago de Palau. Por cada uno, según reseñan notas periodísticas de la época, el gobierno estadounidense aportaría 90 mil dólares para su alojamiento, transporte y alimentación mientras aprendían el idioma, conseguían un trabajo fijo y se asentaban.