Saca accede a recibir más deportados y EUA a proveerle "cobertura política"

La embajada de Estados Unidos en El Salvador recomendó a su gobierno tomar medidas para dar “cobertura política” al gobierno de Antonio Saca. Las medidas respondían a que Saca asumiría el liderazgo en la región para apoyar el programa de deportaciones aceleradas en 2005, parte de la Iniciativa de Seguridad Fronteriza (SBI, por sus siglas en inglés). Del lado salvadoreño, el gobierno aceptó el reto toda vez que se proporcionaran los datos de todos los deportados que tuvieran antecedentes criminales.

El gobierno de Estados Unidos echó a andar el SBI en 2005. El plan, que sería operativizado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), pretendía aumentar la seguridad de las fronteras estadounidenses y reducir la migración ilegal al país norteamericano. El SBI incluía aumentar el número de agentes en las patrullas fronterizas, utilizar nuevas tecnologías para la detección de indocumentados y la reducción de los tiempos de deportación de inmigrantes indocumentados.

Según explicó la DHS, mediante un comunicado, en 2005, el SBI incluía trabajar “con otros gobiernos extranjeros para asegurarse de que proporcionen los documentos de viaje a tiempo a fin de eliminar la acumulación de sus nacionales en nuestras instalaciones de detención”. Los cables de la embajada de Estados Unidos revelan que el gobierno salvadoreño aceptó tomar el liderazgo de un plan de deportaciones masivas y servir de ejemplo para toda la región a cambio de obtener información de los deportados con antecedentes criminales, aun cuando ya hubieran cumplido sus penas. Y lo hizo a pesar del costo político para el partido de gobierno a pocos meses de las elecciones municipales y legislativas de marzo de 2006, y a pesar de que las autoridades de seguridad pública consideraban que una de las explicaciones al auge de las pandillas eran las deportaciones desde Estados Unidos.

“Al igual que su decisión de enviar tropas a Iraq, el apoyo a la SBI podría ser un riesgo político interno para el presidente Saca”, describió el encargado de asuntos políticos (DCM) de la embajada, Michael Butler, en un cable fechado el 27 de septiembre de 2005. “En este sentido, tenemos que pensar creativamente sobre la manera de dar cobertura política a Saca al asumir un papel de liderazgo regional en el apoyo a las deportaciones aceleradas”, se lee en el documento.

Según el cable, el 27 de septiembre de 2005, el embajador Douglas Barclay se reunió con René Figueroa, Élmer Charlaix y Julio Rank, miembros del gabinete de Saca y parte de su “círculo íntimo”. En el encuentro, según detalló Butler, los tres reconocieron que las deportaciones aceleradas desde Estados Unidos eran inminentes y que la pregunta era “¿cómo gestionar su impacto político y fiscal (en El Salvador)?”

La preocupación del gobierno salvadoreño se centraba, según explicó Figueroa, ex ministro de Gobernación, en “las deportaciones aceleradas de criminales, incluyendo miembros de pandillas (‘maras”), en un momento de un alarmante aumento de la delincuencia”. Para contrarrestar esto, el ex ministro de Gobernación planteó dos puntos principales: el deseo del gobierno Saca para volver a iniciar negociaciones sobre un acuerdo bilateral de intercambio de prisioneros y la necesidad de construir una cárcel de máxima seguridad, con un costo aproximado de 7 millones de dólares, para mantener en ella a los deportados más peligrosos si era aprobado el acuerdo. Ese mismo día, el gobierno y la embajada acordaron la creación de un equipo binacional para tratar los puntos del SBI.

El tema había sido discutido con anterioridad. Figueroa y Randy Beardsworth, secretario asistente del DHS, se reunieron el 2 de septiembre de 2005 para discutir asuntos migratorios y de seguridad pública. Mientras la prioridad de Beardsworth y el DHS era logar compromisos de El Salvador en la aceleración de deportaciones de salvadoreños, Figueroa se mostró preocupado por la deportación de connacionales con antecedentes criminales y sobre los cuales no se podía tener ningún control. En la reunión también estuvieron el embajador Douglas Barclay, Butler y los ex viceministros Rodrigo Ávila y Silvia Aguilar.

Para septiembre de 2005, según los datos que manejaba el DHS, el gobierno estadounidense solo tenía capacidad para deportar a 100 salvadoreños cada semana, mientras que la población de compatriotas detenidos por asuntos migratorios era seis veces superior. Según explicó Beardsworth, el mayor problema que enfrentaban era “la incapacidad del gobierno salvadoreño para expedir en forma oportuna los documentos de viaje necesarios”.

Para los funcionarios salvadoreños, el problema eran los compatriotas que cometieron delitos graves en Estados Unidos y eran deportados al finalizar su pena en prisión. Según un cable firmado por Butler el 7 de septiembre de 2005, Silvia Aguilar hizo “hincapié en la dificultad que el gobierno salvadoreño enfrenta para la asimilación de estos deportados debido a la falta de información sobre sus nombres, afiliaciones a pandillas y antecedentes penales”. Beardsworth se comprometió a compartir la información en la medida que los acuerdos internacionales lo permitieran.

Para el 25 de octubre, según detalla un cable enviado por el ex embajador Barclay a Randy Beardsworth, el equipo binacional se había reunido dos veces y pactado un encuentro con las autoridades de la DHS en Estados Unidos. El grupo era encabezado por Rodrigo Ávila, en su calidad de viceministro de Seguridad Pública, y lo acompañaban Margarita Escobar, vicecanciller para salvadoreños en el exterior, y Jorge Santibáñez, director de Migración.

La principal petición que haría Ávila a las autoridades de la DHS era que se compartiera el archivo de huellas dactilares de los deportados con antecedentes penales, además de toda persona conocida como perteneciente a una pandilla independientemente del motivo de su expulsión de Estados Unidos. La propuesta iba en sintonía con la cooperación mostrada por la Policía Nacional Civil (PNC), que dio información a Estados Unidos para la elaboración de una base de datos con los nombres de 5 mil pandilleros activos que engrosaron uns lista de ilegibilidad para obtener la visa estadounidense, a mediados de 2005.

Para diciembre de 2005, Barclay aseguró que detener el flujo de salvadoreños ilegales a los Estados Unidos; aumentar las deportaciones de detenidos a El Salvador; y fortalecer las capacidades del gobierno salvadoreño para controlar sus propias fronteras eran objetivos prioritarios en materia de seguridad nacional para los Estados Unidos. “Estamos trabajando de cerca con el DHS y el gobierno salvadoreño para establecer un acuerdo para acelerar las deportaciones de salvadoreños detenidos por cargos de inmigración en los Estados Unidos”, relataba Barclay en otro cable, fechado el 15 de diciembre de ese año.

El ex embajador Barclay aseguró que los asuntos migratorios representaban un “dolor de cabeza mayor”. Según se detalla en el cable de la embajada de Estados Unidos identificado con el número 47786, a pesar de la prioridad gubernamental por una ampliación al estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el posible impacto en la economía por una baja en las remesas, se reconocía el esfuerzo de la administración Saca para colaborar con el programa SBI y su participación activa en el grupo bilateral de trabajo.

La “participación activa” de El Salvador incluyó aumentar el límite de salvadoreños, con y sin antecedentes criminales, que eran deportados semanalmente hacia El Salvador. Del lado de Estados Unidos, las principales peticiones de apoyar con los expedientes y las huellas digitales de los deportados con récords criminales o con sospechas de participar en las pandillas y la de asistencia financiera por 8.5 millones de dólares para la realización de entrevistas consulares por vídeo nunca se realizaron.

El mismo Figueroa, según relata el ex embajador Barclay en un cable fechado el 21 de junio de 2006, apeló a la embajada en El Salvador para que intercediera para que se cumpliera la agenda de trabajo pactada con la DHS. Según el ex ministro de Gobernación, el gobierno salvadoreño “se sintió abandonado” porque la falta de respuesta del DHS hacía que se cuestionara “el valor político de la cooperación sobre las deportaciones con Estados Unidos” y que la administración Saca había recibido fuerte críticas por aumentar el límite de deportados. El embajador de El Salvador en Washington, René León, fue más duro: “Al parecer el DHS solo estaba interesado en la deportación de los salvadoreños en los Estados Unidos y no había un seguimiento sobre el plan integral”.

El número de deportados en 2006 aumentó en un 96% con respecto a 2005. Según los datos que el Ministerio de Gobernación hizo públicos, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2006, 13 mil 530 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos. Entre ellos, 2 mil 983 eran salvadoreños con antecedentes criminales.